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EN COLOMBIA VIOLAN EL DERECHO A LA HUELGA

Violando los derechos humanos y el derecho a la protesta, autoridades de policía levantaron la carpa que protegía al huelguista de hambre que permanecía en la Avenida Jiménez con carrera 7 desde el 22 de diciembre del 2008.

El huelguista, que estaba en precarias condiciones de salud, se encadenó a un poste de la luz, ante lo cual la policía rompió las cadenas; sin embargo, debido a la decisión del hombre de permanecer allí hasta morir o hasta que el gobierno responda al clamor de miles de personas que quedaron en una situación de miseria absoluta por el cierre de la empresa DMG, la policía lo dejó en el sitio, expuesto a las inclemencias del clima y sin ningún tipo de atención médica.

A las dos de la mañana del sábado 21 de febrero la policía, acompañada de funcionarios de algunos organismos de protección social, levantó la carpa y elementos de un tarjetahabiente de la empresa DMG que lleva más de 60 días en huelga de hambre, en protesta por el cierre de la empresa y la violación de los derechos de los tarjetahabientes.

Se teme por lo que pueda ocurrir si el gobierno toma la decisión de desalojar a las personas que están en el coliseo del barrio Nuevo Muzú

Por otra parte, hay indicios claros de que las 700 personas venidas del Putumayo, agrupadas en el coliseo cubierto del barrio Nuevo Muzú de Bogotá, van a ser desalojadas, y esto ha creado una situación de tensión en ellos y en el resto de la población que los apoya (cuatro millones de colombianos, aproximadamente), al punto de que se teme por reacciones y situaciones de hecho, que empeorarían la situación de los tarjetahabientes y el resto de la población del país.

Toda esta situación deriva de un proceso empresarial que nació en la Hormiga, Putumayo, hace siete años, cuando David Murcia Guzmán, un joven de 21 años en esa época, inició su empresa y creó una cadena de ventas de productos naturales, que con el tiempo se convertiría en un multimillonario holding empresarial.

La situación del Putumayo, y particularmente en la región del Valle del Guamuez, donde llegó Murcia, estaba absolutamente deteriorada por una escalada de violencia y narcotráfico, que había cubierto los campos con el sembrado de la coca.

El gobierno inició un plan de erradicación de cultivos, que, según los pobladores de la región, dejó áridas las tierras para el cultivo y la gente quedó en la miseria.

David Murcia fue desarrollando su empresa a través de una serie de estrategias que generaron una inmensa red de mercado y solidaridad, la cual poco a poco fue mejorando la calidad de vida de la gente, que se llenó de afecto y credibilidad en su gestor.

La empresa fue creciendo a un ritmo inusitado, y se extendió a todo el país y a otros países de la región, y el gobierno nacional, aunque tenía dudas al respecto, no hizo suficiente por investigarla o regularla. Solo al derrumbarse una pirámide que funcionaba en Nariño, y al enfrentarse David Murcia, creador de DMG, con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a través de un programa radial (de la W), en la madrugada del 17 de noviembre, cierran todas las oficinas y empresas del holding, y dejan en una situación crítica regiones enteras del país (cuatro millones de colombianos, aproximadamente), a quienes les toca pasar una Navidad crítica (23 personas en huelga de hambre cerca del capitolio nacional) y un año nuevo sin esperanzas.

Ante el cierre de sus fuentes de ingresos y de consumo (en la población de la Hormiga, por ejemplo, el 90% de la gente participaba en DMG, y los negocios y servicios dependían de DMG), 800 personas se desplazan del Putumayo a Bogotá, donde inician, con muchos tarjetahabientes de esta ciudad y Cundinamarca, un movimiento que responsabiliza al gobierno por la crisis y busca una solución urgente a su situación. Creado un comité nacional, se empieza a organizar a todos los afectados por el cierre de la empresa, y hasta ese momento se dan cuenta de las dimensiones y de la lealtad tan grande del movimiento que empiezan a liderar.

Los tarjetahabientes de DMG respaldan totalmente a David Murcia Guzmán, y es insólito que de 300.000 declarados (que pueden llegar a cuatro millones), ninguno ha establecido una reclamación contra el empresario, que actualmente está detenido en la cárcel de La Picota en Bogotá. Ellos se han mantenido, desde el día del cierre de la empresa, en acciones pacíficas día a día, buscando dialogar con una comisión que debe nombrar el gobierno. Ante la desesperanza, han comenzado a realizar acciones de hecho, como la parálisis de todo el sistema Transmilenio de Bogotá, el 20 de febrero, durante más de una hora, que afectó a más de 600.000 usuarios.

Con el desalojo de la carpa del huelguista, su amenaza de morir si es necesario y la inminencia del desalojo del coliseo los ánimos se han caldeado, y las directivas no creen poder garantizar el control de la situación.

Entonces, es urgente que los organismos de protección social, las organizaciones internacionales de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y todas las organizaciones de defensa y protección social concurran con sus buenos oficios, para hallar las condiciones que permitan una negociación entre la familia DMG y el gobierno colombiano.

Los tarjetahabientes están aterrados ante la acción de la policía y ante las amenazas de desalojo, pues hasta el momento han mantenido la calma y han usado todos los medios para comunicarse con el gobierno, pero el Presidente, en vez de atenderlos, cada vez que puede se refiere a ellos como delincuentes. Todo esto está agotando la paciencia de la gente, y si el gobierno no responde, están preparados para demandar al Estado e iniciar acciones de hecho.

Cada día que pasa el problema se agrava, pues además del hambre y el desabastecimiento de regiones enteras del país, no hay trabajo y sí dificultades para pagar la educación de los hijos.

Actualmente, en lo que orgullosamente se denomina familia DMG, existe una estructura organizativa que se extiende a unas 300.000 personas, con la posibilidad de establecer comunicación casi inmediata con todos ellos. Si el gobierno no atiende el llamado al diálogo, la dirección del movimiento responsabiliza al Estado, en cabeza de su presidente, Álvaro Uribe Vélez, de las consecuencias que deriven de esta situación y del cierre de la empresa.