Un DMG bueno y uno malo

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Bogotá (El Espectador)- Si se trata de la visita de DMG a la casa de María Eugenia Rojas, para ofrecer recursos para la campaña a la alcaldía de su hijo Samuel, entonces ahí sí tenemos un bocatto di cardenale para los grandes medios de comunicación. Los recursos no se aceptaron, pero quien llevó a casa de la Sra. Rojas a David Murcia es un viejo colaborador de Álvaro Uribe; es decir, un infiltrado en la campaña de Samuel, con la intención de joderlo, como en efecto se ha querido hacer.

Ese amigo del Gobierno nacional (un lagarto de apellido Mena) dice pertenecer a un movimiento llamado Uribistas con Samuel, cuando a todos nos consta lo que hizo el Sr. Uribe para torpedear la candidatura de Samuel. Y la confirmación de que algo raro manejaban desde la Casa de Nari, conjuntamente con este personaje, es que el Gobierno salió a desmentirlo, sabiendo el país que el estilo del Gobierno es negar sus porquerías cuando se ve en peligro de ser descubierto (recuerden Tasmania, alias Job, Zapata).
Sin embargo, este no parece ser asunto que interese a ciertos comunicadores que, como buenos ventrílocuos de la Casa de Nari, sólo informan, o mejor, desinforman siguiendo el libreto del Curita.
Pero en cambio DMG tuvo vínculos, directa o indirectamente, con altos oficiales de la Policía Nacional, o con el propio hijo del Presidente, Jerónimo Uribe, y ahí sí los medios callan, en un repugnante gesto de deshonestidad profesional. De manera que Jerónimo Uribe no hizo nada porque no recibió dineros ni firmó contratos con DMG, a través de Body Channel como él lo ha sostenido, pero a Moreno le inician una investigación porque DMG visitó a su mamá, quien tampoco recibió dineros ni firmó contratos. ¿Y por qué no se ha iniciado la misma investigación contra Jerónimo?

Pero la alcahuetería mediática no solamente cobija al hijo del Presidente, sino a los abogados que, amparados bajo el ropaje de su ejercicio profesional, recibieron dineros en efectivo que, según ellos, han declarado. Es decir, que si el Dr. Jaime Bernal Cuéllar recibe 400 millones de pesos (producto del lavado de dinero, pues de eso acusan a DMG), esta plata, por el solo hecho de recibirla Bernal o los demás abogados, se vuelve legal.

¡Oh milagro! Ellos tienen el don divino de convertir en plata buena la plata de los narcos (pues según las autoridades de allí provienen esos recursos), pero en cambio si a Samuel le prestan dos camionetas, eso sí es delito.
Así pues, el aberrante mensaje para miles de colombianos es que si se quiere transgredir la ley hay que hacerlo de la mano de los grandes abogados o de la mano de los hijos del Presidente.
Por Felipe Zuleta Lleras

Cortesia http://www.teleorinoco.com
Artículo Ganador de la Semana. Sección Autonoticias y Corresponsales de TeleOrinoco

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LA EXPULSIÓN EXPRÉS DE DAVID MURCIA La extradición que no existió

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La extradición que no existió fuente http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/03/25/contenido/79949.asp

03-25-2009 | ROBERTO QUINTERO

rquintero@laestrella.com.pa

Colombia sí pidió a Panamá la extradición de Murcia. Cuando se enteraron en Cancillería, Murcia ya había sido capturado y entregado a Colombia

Portada PANAMÁ. Fue la noche del 19 de noviembre del 2008: en una operación fugaz y a medianoche, con la supuesta participación de agentes colombianos en territorio panameño, David Murcia Guzmán se vio rodeado y encañonado cerca de Capira, mientras ingresaba a su camioneta blindada para ir hacia el Decameron.

Lo cierto es que en menos de dos horas Murcia pasó de moverse por el istmo con el fulgor del derroche a convertirse en un hombre privado de libertad.

Aunque mucho se ha especulado sobre la salida del país de Murcia, de su detención y entrega a las autoridades colombianas, en Panamá son muchas las cosas que quedan por aclarar.

Nadie sabe bajo qué figura legal se decidió su entrega: nunca fue extraditado, ni deportado, ni expulsado. Incluso el cruce de pedidos de captura de Interpol y las gestiones ante la Cancillería por parte del gobierno colombiano dejaron un agujero negro de apenas unas horas, horas que el gobierno panameño utilizó para deshacerse de un hombre que era custodiado por el SPI y que, según sus propias denuncias, inundó de dólares las campañas de los candidatos oficialistas. Su abogado, Roniel Ortiz, describe “como absolutamente ilegal” su expulsión y anuncia que su defensa interpondrá una demanda contra Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También trascendió el llamado teléfonico que Alvaro Uribe le hizo al presidente Martín Torrijos. Como si no hubiera ley en Panamá, como si bastara con un golpe de teléfono para archivar procesos y decidir la suerte de particulares que, aunque sospechosos de cometer delitos, todavía son sujetos susceptibles de derecho.

PASO A PASO

La solicitud de Interpol llegó a la policía de Panamá el 19 de noviembre a las 7:00 de la mañana y en ella se pedía detener a Murcia y “aplicar una medida migratoria como la expulsión o deportación para agilizar la entrega”. En horas de la tarde desde la Embajada de Colombia, se hizo un pedido formal de detención y extradición, siguiendo los procedimientos habituales cuando se trata de capturar personas en otro país. Formalmente, los caminos eran los regulares. Sólo que la Cancillería panameña se enteró del pedido al día siguiente y lo declaró improcedente.

Aquella noche, en Capira, Murcia fue detenido y puesto a disposición del Servicio Nacional de Migración. Nunca fue llevado a las oficinas de la entidad. Las autoridades de migración llegaron al despacho de la DIJ donde tenían a Murcia, a eso de la medianoche. Luego fue puesto en manos de la policía colombiana y su vida de cine en el Caribe terminó para siempre. “Nosotros lo detuvimos y lo entregamos a Migración”, dice Javier Carrillo, comisionado que entonces era subdirector de la DIJ, intentando despegar del escándalo a la Policía. No quieren que pase lo mismo que con el caso de Posada Carriles, donde el único que tuvo que rendir cuentas por el indulto express fue “Toti” Barés, jefe de la fuerza.

SACARSE DE ENCIMA

El pedido de extradición de Murcia que hizo Colombia, de haber sido reconocido, hubiese impedido su salida, con la rapidez con que sucedió.

A través de un documento de la Cancillería al que La Estrella tuvo acceso, pudo comprobarse que Colombia, a través de su embajada en Panamá, sí solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores detener preventivamente a David Murcia Guzmán para iniciar un proceso de extradición. La petición se hizo mediante la nota E-551 con fecha del 19 de noviembre de 2008. Luego sucede lo que podría describirse como una comedia de enredos.

Atendiendo la petición del país vecino, el día 20, la Cancillería le pidió al Servicio Nacional de Migración los datos generales del hombre al que había que atrapar para iniciar el proceso de extradición. Fue entonces que se enteraron de que Murcia, con pasaporte No. CC 80086615, ya no se encontraba en Panamá.

Su detención fue motorizada por el pedido de Interpol, pero su salida de Panamá, tan inmediata, sólo fue posible por el llamado telefónico que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe le hizo a Torrijos, a expensas de los procesos legales que requeriría una extradición.

Relaciones Exteriores le informó a la Embajada de Colombia, el sábado 21 de noviembre y mediante la nota N/V A.J. No. 2816, que Murcia estuvo en el territorio nacional hasta el 19 de noviembre de 2008, razón por la cual “la solicitud de detención provisional resultó improcedente”. Murcia, pensaban en el gobierno, era solo un problema para los colombianos. No esperaban nuevos capítulos en Panamá.

PA´LANTE

“Sin sujeto no hay proceso; no puedes extraditar a alguien que no está”, explica no sin ironía Vladimir Franco, director general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. “En esto no hay nada ilegal. Los Estados pueden expulsar a personas sin dar explicaciones”, se pone serio el hombre.

Franco aclara que lo ocurrido con Murcia no puede verse desde las normativas de extradición, porque él fue expulsado. La Cancillería jamás participó del proceso.

Sin embargo, todas las normas internacionales prohíben lo que aquí pasó: el detenido jamás supo ni por qué lo detenían, ni por qué lo echaban del país. Ni siquiera tuvo derecho a la defensa, ni a apelar las decisiones del estado panameño.

No obstante, en la resolución No. 12255 -mediante la cual devolvieron a Murcia- se especifica que el detenido “podrá interponer un Recurso de Reconsideración”. Eso sí, desde el otro lado de la frontera.

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