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Lo que no lograron las pirámides, los falsos positivos y la usura de la banca, lo consiguió el Gobierno con sus decretos de Emergencia Social.

Antes del Lunes Negro, cuando se decretó la Emergencia (mal llamada “Social” porque fue establecida bajo principios económicos, muy bien disimulados como sociales), en Octubre, el Gobierno tuvo que decretar otra emergencia; en este caso fue la judicial, si una necesidad palpable. Sobre esta, el ex procurador le insistió a la Corte Constitucional que tenía vicios de forma y de fondo, y recomendaba declarar su inexequibilidad. La Corte no había terminado de digerir esa comida grasosa y algo podrida, cuando el Gobierno decretó otra emergencia en menos de un mes y definitivamente se indigestó.

Ahora viene lo peor. El alto tribunal se enfrenta a una delicada decisión. Si declara exequible ambas emergencias, o al menos la social, el Estado enfrentará miles de demandas de los afectados, por considerar que éste tenía conocimiento de la situación y no actuó a tiempo (y al participar miembros de la Fuerza Pública en estas actividades, le dio más credibilidad a las captadoras. Sin mencionar el caso de DMG, que aún no han podido demostrar que era una captadora, lo cual complica aún más la situación del Gobierno). En caso contrario, el proceso se revierte, se restablecen los derechos de los afectados, y el Presidente y su sequito serían sancionados por abuso de poder y probablemente destituidos.

Todo se reduce a una decisión: O el Estado se va a la ruina por las miles de querellas de los perjudicados, o se restablecen los derechos de los mismos, se reabren las empresas y sancionan al Presidente Uribe y a todos los que firmaron esos decretos, por autócratas… Una difícil, pero “visible decisión”.

A nuestro juicio, el costo de una providencia negativa por parte de la Corte, dejaría al país sin liderazgo político y judicial, en cambio, las demandas de los afectados pueden ser falladas por los tribunales cuando ya ninguno de los actores del Gobierno actual estén en el poder, por lo tanto le tocaría al próximo presidente o tal vez al siguiente, resolver ese chicarrón; salvo que el gabinete actual no sea lo suficientemente astuto, y la Corte sea lo bastantemente honesta, como para darse cuenta de que el Gobierno no contaba con elementos probatorios suficientes para decretar dichas emergencias.

Para acudir a la figura de Emergencia, ya sea Económica, Social o Judicial, es necesario que el ejecutivo acumule un conjunto probatorio y contable sólido para que sea decretada. A la fecha no le han facilitado a la Corte Constitucional las evidencias que soporten tantas emergencias en tan poco tiempo, a pesar de que este ente regulador en varias ocasiones las ha solicitado. Sobre este punto, el diario El Espectador afirmó: “El resultado de esto es que el Decreto 4333 de 2008, en el que se reglamentó la Emergencia Social, acude a una justificación repleta de afirmaciones sin sustento, que contrasta con las extensas y documentadas justificaciones que acompañaron la declaratoria de emergencia en ocasiones anteriores, algunas de las cuales, a pesar de ello, no pudieron pasar la prueba del control constitucional en la Corte. En dicho decreto no se explican cuáles son las modalidades de captación ilegal, cuántos colombianos entregaron sumas de dinero y, sobre todo, por qué razón y de qué forma eso pone en peligro el orden económico del país. Por lo demás, en aras de la transparencia y en virtud de la gravedad que implica para la democracia la declaratoria de un estado de excepción como la emergencia económica (o social), el Gobierno tenía el deber de demostrar la gravedad de los hechos y su impacto al momento de emitir el decreto, y no en la opacidad del posterior trámite constitucional. En su lugar, hábilmente utilizó la ambigüedad en la sustentación del decreto declaratorio para expedir a su amparo normas que más parecen reformas financieras camufladas”.

No siendo suficiente con este desorden jurídico, que no se sabe cuándo comenzó, pero sí cómo terminará, se suman las infinitas promesas hechas por el Gobierno, que como todo lo que hace y dice, se limita a eso; muchas palabras huecas. Muestra palpable es que les ofreció a los damnificados, créditos blandos y cuentas de ahorro baratas y de fácil acceso, pero hasta ahora ninguna de esas medidas se ha convertido en realidad. Y cuando vamos a buscar el por qué de esta situación, nos encontramos que se lanzan la pelota unos a otros. El Ministro de Hacienda dice que es decisión del presidente, y este último aclara que es problema de Asobancaria. María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, aclara que se deben diferenciar los dos decretos, pues las cuentas electrónicas son resultado de una norma ordinaria a la cual aún le falta mucho trabajo. En resumen, todos maman gallo. Y cuando los presionan demasiado, salen con la excusa de que “no se ha podido definir la tasa de interés y los plazos que tendrán los créditos para las víctimas de las pirámides, así como quiénes serán las personas que puedan acreditar dicha situación”, y que esta “debe ser de común acuerdo con Asobancaria”, (o mejor dicho, hay que consultarlo con “el patrón”). Y como los decretos solo dicen que la idea es “incentivar el crédito en las regiones afectadas por los hechos que derivaron en la declaratoria de Emergencia Social”, pero no especifica cuáles son esas regiones, ahora nadie sabe con exactitud quién debe reglamentarlo y cuál es el radio de aplicación, puesto que no quedó consignado en los decretos. Y el Ministro de Hacienda finalmente se lava las manos afirmando: “Falta reglamentación”, y como ya se terminó la emergencia, todo quedó en el limbo.

En resumen, esta triste historia, para bien o para mal, tendrá un final, y como se acabó la emergencia y el Estado no solucionó ningún problema, ni cumplió lo prometido, el que va a terminar desangrado a punta de demandas es el erario público. Pero ¿de donde sale el dinero del erario público? De los impuestos que pagan todos los colombianos con el sudor de su frente. O sea, el pueblo terminará pagando los platos rotos de las malas decisiones y la ineptitud de algunos políticos de turno.

¿Qué puede hacer entonces los ciudadanos de bien para evitar esta catástrofe, que mas temprano que tarde conducirá irremediablemente a la nación a la bancarrota?

“Lo único que necesita el mal para triunfar, es que los hombres buenos no hagan nada”

Edmund Burke (1729-1797)

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