Publicado por TeleOrinoco Noticias
Otro de los grandes fiascos de la Justicia Colombiana. Pretende extraditar a una persona de un país con el cual no tiene suscrito tratado de extradición. Este es el caso de la ciudadana colombiana Joanna León Bermúdez, que declaró este miércoles ante el juez Jorge Díaz y el fiscal Ariel Cancela, quienes la notificaron sobre el requerimiento de INTERPOL, activado desde Colombia. Fuentes judiciales informaron que como Uruguay no tiene un tratado de extradición con Colombia, los plazos deberán ser acordados por las partes. Se estima que el proceso de extradición podría demorar unos dos años.
La mujer de 25 años, esposa del empresario colombiano, David Murcia, estaba siendo buscada por INTERPOL desde noviembre del año pasado, cuando fue detenido su marido en Panamá. Habían una recompensa de 32 mil dólares por su detención. León Bermudez poseía un 41% de las acciones de la empresa de su esposo y vivía en Uruguay desde hacía unos cuatro meses. Fue detenida en su casa de Carrasco junto a otras tres personas; María Guzmán, madre de David, George Murcia, Lucila León, tía de Joanne y Álvaro Chaparro. Todos ellos fueron liberados, quedando León Bermudez en arresto administrativo hasta que se formalice el pedido de extradición.
Desde Bogotá, el abogado del grupo empresarial liderado por el colombiano David Murcia, afirmó a Montevideo Portal que su cliente es víctima de una maniobra política y señaló que la fiscalía actúa bajo las órdenes del presidente Álvaro Uribe. “Él está acusado de la captación de dinero del público sin estar autorizado por la superintendencia bancaria. La acusación carece de fundamentos legales, tuvieron que decretar un estado de excepción para poder meterlo en la cárcel”, afirmó a Montevideo Portal el abogado de David Murcia, Dagoberto Charry. “Tenemos al Estado colombiano y el sistema financiero en contra, porque fue fundamentalmente el sistema bancario el que obligó al presidente Uribe a declarar el Estado de conmoción interior”, agregó Charry, dado que la figura por la que se acusa al empresario colombiano surge de decretos realizados por el presidente colombiano durante ese período excepcional. “Esto es un proceso político contra un hombre que desafió al imperio y al sistema financiero nacional que le quitó la clientela a los bancos. Nunca delinquió porque el daba unas tarjetas para comprar y la gente compraba. La gente lo defiende en las calles a lo largo y ancho del país”, destacó. Charry hizo hincapié en que el fiscal de la causa, Mario Iguarán Arana , fue viceministro del gobierno del presidente Uribe durante su primer mandato y no dudó en afirmar que esa fiscalía es “un brazo del Poder Ejecutivo y hace lo que él le ordena”. “Dos días antes que detuvieran a David en Panamá el fiscal dijo que no había razones para detenerlo y sin embargo lo detuvo”, señaló. “La famosa denuncia que le han puesto en Uruguay, por estafa, es absolutamente ridícula, ellos no han estafado a nadie”, comentó Charry en referencia a la causa que está llevando adelante en nuestro país el juez Jorge Díaz, en uno de los primeros casos que debe enfrentar la nuevo juzgado especializado en narcotráfico y lavado de activos.
Ahora el Gobierno de Uribe tendría que presentar todo el material probatorio contra la esposa de David Murcia ante el juez de Montevideo que lleva el caso, pero hasta el momento ninguna autoridad colombiana se ha acercado para entregar esa documentación. Además las conductas del detenido deben ser delito en los dos países y se requieren las copias de las órdenes de captura y el caudal probatorio que examinará el juez de Uruguay para decidir si son competentes y suficientes, por lo tanto, según lo arbitrario de este caso, y la falta de evidencias que vinculen a Murcia, esposa y madre, con los delitos que se le imputan en Colombia es muy probable que la citada recupere la libertad en las próximas horas
